Qué son los “return hubs”

Son instalaciones previstas en terceros países para alojar a personas con una decisión firme de retorno desde la Unión Europea. El nuevo marco europeo permite avanzar acuerdos con países fuera del bloque, siempre bajo obligaciones de derechos humanos y respeto al principio de no devolución.

El modelo busca aumentar la eficacia de los retornos, pero también plantea dudas sobre control judicial, condiciones de internamiento y responsabilidad estatal cuando una persona es trasladada fuera del territorio de la UE.

El punto jurídico que no desaparece con el traslado

El principio de non-refoulement impide enviar a una persona a un lugar donde corra un riesgo real de persecución, tortura o trato inhumano. La obligación también alcanza situaciones de devolución en cadena, cuando el tercer país receptor termina expulsando a la persona hacia otro territorio inseguro.

La jurisprudencia europea ha establecido que un Estado puede seguir siendo responsable por las consecuencias previsibles de una decisión de traslado. Por eso, el debate no termina cuando la persona cruza una frontera.

Por qué el riesgo puede ser mayor para personas LGBTIQ+

Un tercer país no es necesariamente igual de seguro para todas las personas. En el caso de solicitantes LGBTIQ+, la evaluación debería considerar criminalización, violencia social, prácticas policiales, acceso a servicios, condiciones de detención y protección efectiva frente a agresiones por orientación sexual o identidad de género.

La abogada y psicóloga ecuatoriana Diane Rodríguez, presidenta de Asociación Silueta X y experta en derechos humanos, movilidad forzada y protección LGBTIQ+, sostiene que una evaluación general de “país seguro” puede ser insuficiente cuando no incorpora el perfil individual de riesgo.

La seguridad debe comprobarse para la persona concreta, no presumirse para toda una población.

Los precedentes que ya encendieron alertas

El plan del Reino Unido para trasladar solicitantes a Ruanda fue declarado ilegal por la Corte Suprema británica en 2023 debido al riesgo de devolución en cadena. En Italia, el protocolo con Albania también ha enfrentado cuestionamientos judiciales.

Estos antecedentes muestran que la externalización migratoria no se decide únicamente en acuerdos políticos: los tribunales examinan la seguridad del tercer país, la posibilidad de recurrir y las garantías concretas de cada persona.

Silueta X pide documentar antes del primer traslado

Desde Asociación Silueta X, el enfoque se centra en la prevención. La organización plantea que los casos LGBTIQ+ deberían contar con informes país actualizados, evaluación diferenciada de riesgos, documentación psicosocial cuando corresponda y acceso efectivo a asistencia jurídica.

Diane Rodríguez trabaja en análisis técnico-jurídicos, informes de experta y documentación para procesos de protección internacional. Su práctica combina derecho internacional de los derechos humanos y psicología jurídica para valorar riesgos de devolución, traslado y revictimización.