¿Qué pasó?

Estados Unidos avanza en la eliminación de las regulaciones que implementaban la Executive Order 11246, una arquitectura histórica de acción afirmativa vinculada a la contratación federal. Durante décadas, determinados contratistas debían ir más allá de una declaración de no discriminación y sostener mecanismos activos de análisis y planificación.

El cambio forma parte de un entorno político más amplio de retroceso de programas DEI durante 2025 y 2026.

Lo que cambia —y lo que no

La diferencia es importante. Las prohibiciones antidiscriminatorias establecidas en otros marcos legales continúan existiendo. Lo que se reduce es una obligación específica de medir representación, elaborar planes afirmativos y responder ante la fiscalización propia de ese régimen.

No medir una desigualdad no hace que desaparezca. Hace más difícil demostrar su patrón.

¿Por qué es relevante para personas LGBTQ+?

Las políticas federales de contratación habían incorporado protecciones relacionadas con orientación sexual e identidad de género. En el nuevo escenario, la preocupación de organizaciones y especialistas se concentra en la pérdida de mecanismos de seguimiento y en el efecto político que el retroceso puede tener sobre empresas privadas.

La cuestión afecta especialmente a quienes enfrentan barreras difíciles de probar de manera individual: filtros informales, sesgos en entrevistas, redes homogéneas de referidos o criterios ambiguos de “encaje cultural”.

El efecto puede cruzar fronteras

Cuando una multinacional reduce equipos o presupuestos DEI en su casa matriz, las filiales latinoamericanas pueden recibir menos recursos y menos mandato para sostener programas locales. El análisis de la ecuatoriana Diane Rodríguez, CEO de Cámara Plus Ecuador y coordinadora de Pride Connection Ecuador, advierte que esa cascada ya merece atención regional.

Según datos del IEDI citados por Rodríguez, existe una brecha considerable entre la preparación de candidatos pertenecientes a grupos vulnerables y la disponibilidad de vacantes especializadas en Ecuador.

La pregunta para América Latina

En numerosos países de la región, las empresas nunca estuvieron obligadas a medir diversidad con un sistema equivalente. Por eso el debate estadounidense plantea una pregunta conocida: ¿basta con prometer igualdad o es necesario reunir datos para comprobarla?

Para organizaciones LGBTQ+, trabajadores y empresas, la respuesta tendrá consecuencias sobre contratación, promoción, transparencia y capacidad de denunciar patrones de exclusión.